Las aguas bajan de nuevo revueltas por el Ebro a su paso por Rioja. Tras el reciente visto bueno por parte del Gobierno Vasco a la propuesta de creación de Viñedos de Álava, las Bodegas Familiares de Rioja, en representación de 216 bodegas de las 417 que hay en las tres subzonas, han dado un puñetazo en la mesa y exigen más voz y visibilidad en la toma de decisiones de la región vitícola con mayor proyección internacional de España.
“Si no hay un compromiso real de reforma”, anunció Eduardo Hernáiz, vocal y presidente de la asociación, “el 25 de mayo de 2023 la asociación Bodegas Familiares de Rioja abandonará la Organización Interprofesional del Vino de Rioja (OIPVR) y el Consejo Regulador”.
Es un anuncio de ruptura con el organismo que toma las decisiones, pero en ningún caso supondrá una salida de la denominación de origen. “Nunca abandonaríamos Rioja porque tenemos el mismo derecho que los grandes”, indica Juan Carlos Sancha, vicepresidente de Bodegas Familiares de Rioja. “Yo, personalmente, he luchado toda mi vida por intentar hacer una DO cada vez mejor pero sí que nos iremos de la mesa del Consejo Regulador porque no queremos participar en esa farsa”.
La queja de Bodegas Familiares de Rioja se centra en la necesidad de reformar la Interprofesional —que agrupa a organizaciones de la rama comercializadora así como a cooperativas y asociaciones agrarias y cuyos representantes conforman la mesa del Consejo Regulador— para que se adapte a la realidad de la DOCa Rioja.
En 2003, cuando se constituyó la Interprofesional, cada bodega era un voto. “Era totalmente irracional, pero también lo es ahora porque no se tiene en cuenta el número de productores. Nosotros tenemos el respaldo de 216 bodegas de las 410 acreditadas. Esta cifra supone más del 50% pero nos quedamos con ocho votos, algo incomprensible en cualquier sistema mínimamente democrático”, indica Sancha. “Esto ocurre porque lo que cuenta en esta denominación es vender vino barato en las cabeceras de los supermercados.”
El origen de esa queja reside en cómo se reparten esos votos. Según los estatutos, 100 son para el sector comercial y 100 para el sector productor. En el primero, los votos se consiguen en función de las botellas de vino comercializadas, mientras que en el agrario mandan las hectáreas de viñedo. El Grupo Rioja —con más de 50 socios como El Coto, Marqués de Riscal o Marqués de Cáceres (ver aquí todas las bodegas)— cuenta con 78 de los 100 votos de la rama comercial. Las cooperativas de La Rioja y la asociación de agricultores riojana Araj-Asaja, muchos de ellos proveedores de las bodegas de Grupo Rioja, tienen 68 de los 100 votos de la parte productora.
Sancha lo explica poniendo el ejemplo de sus vinos. “Cada bodega con registro embotellador vota en función de las precintas que ha retirado del consejo. Yo vendo Cerro La Isa a 25 € en distribución y 45 € en las tiendas pero como lleva contraetiqueta genérica, a pesar de ser viñedo singular, para el voto me lo computan a 2,40 € la botella, que es el precio medio de todas las botellas comercializadas con la precinta genérica. Un reserva a 3 € en la góndola del supermercado se computa a 4,85 €. Es irracional”, asegura Sancha, que le frusta que la calidad se diluya frente al volumen. “Si queremos representación económica de verdad, que sea la facturación real, no esta ficticia que beneficia a quien más tiene, es decir, a los grandes grupos bodegueros”.
Otra petición de las Bodegas Familiares de Rioja, que denunció recientemente la desaparición de 53 bodegas y casi 3.000 viticultores en la pasada década, es que se reconozca el modelo de pequeña y mediana explotación familiar, todavía muy mayoritario en Rioja, y que genera empleo y fija población en el medio rural. “Se nos niega un merecido protagonismo, y no sólo a nosotros, sino también a otras asociaciones similares en un sistema en el que una de las agrupaciones tiene derecho a veto a cualquier decisión, aunque fuera propuesta por todo el resto de la mesa de forma unánime”.
Sancha, cuya bodega está en Baños de Río Tobía en La Rioja, explica que el tejido de trabajadores es proporcionalmente mayor en las bodegas pequeñas. “Yo tengo cinco trabajadores fijos y comercializo 83.000 botellas. Por contra, uno de los grandes grupos bodegueros más conocidos de Rioja emplea a 34 personas para 32 millones de botellas, es decir, una persona por millón de botellas”.
Las esperanzas de Hernáiz y Sancha de que se escuchen sus demandas son pocas pero aseguran que la única forma de presionar es lanzando este órdago. “Es una postura dura pero a ver quién acarrea con la responsabilidad de que la mitad de las bodegas de la DO se marchen de la mesa”, reflexiona Sancha.
Desde el órgano regulador de Rioja, José Luis Lapuente considera que no procede que el Consejo intervenga porque “son las asociaciones de la Interprofesional las que debaten y toman las decisiones, y siempre con luz y taquígrafos”.
Por parte de Grupo Rioja, su director general Íñigo Torres asegura que nunca se han negado a revisar la representatividad de la Interprofesional. “Bodegas Familiares habla de modificar el número de bodegas, y es algo que se puede estudiar. A nosotros también nos gustaría que se revisara el número de trabajadores que tienen las compañías, el número de proveedores de uva, el reconocimiento de las marcas o la antigüedad de las bodegas, que han creado la denominación y el prestigio de la zona. Eso sí, siempre con al menos el 75% de los votos, como se indica en los estatutos y como se hizo en la última revisión con el apoyo de Bodegas Familiares”.
Ante la petición de reformular las ponderaciones por las facturaciones declaradas, Torres no se opone, pero dice que es algo muy difícil de medir. “¿Cómo calculas la facturación de un grupo que tiene bodegas en distintos sitios? ¿Cómo discriminas la parte Rioja de la que no lo es? O en bodegas adscritas a Bodegas Familiares, ¿cómo calculas las ventas a granel de algunas de ellas? El sistema que tenemos funciona porque se hace con datos objetivos, es operativo y fiable”, argumenta el portavoz de Grupo Rioja, fundado en 1968. “Rioja es un buen modelo y además envidiado fuera”.
Más allá del desenlace de este conflicto, se evidencia una brecha cada vez más profunda entre dos modelos de negocio que no logran convivir en Rioja —como tampoco se ha logrado en la DO Cava— y que daña la imagen de la región.
Artadi abandonó la DO a finales de 2015 frustrado ante la incapacidad de este órgano “de dar valor a la pequeña viticultura”. Pocos meses después, ABRA puso en marcha la rueda para crear la nueva denominación de Viñedos de Álava, y ahora hay muchos productores —desde pequeños cosecheros que venden localmente pero que ven que para ser rentables necesitan tener explotaciones cada vez más grandes hasta otros cuyos vinos están entre los más valorados de Rioja en la escena internacional— incómodos en una denominación en la que no se sienten representados pero que rechazan abandonar porque consideran que también les pertenece.
En la rama productora, también hay malestar aunque sus demandas quizás tienen menos eco en los medios. De hecho, la Unión de Pequeños Agricultores de La Rioja (UPA), una de las asociaciones minoritarias con seis votos, impugnó el censo de viticultores en el proceso de renovación de la Interprofesional porque detectaron titulares que ya están representados en el sector comercializador y ahora amenazan con acudir a juicio, como informaba Alberto Gil en el diario La Rioja.
Con todo esto, el próximo 21 de junio se elegirán a los cargos de la Interprofesional, incluido su presidente, que serán también quienes constituyan el pleno del Consejo Regulador.
Todas las partes en ese pleno parecen estar de acuerdo en que estos conflictos no favorecen a Rioja. Lo que falta por definir en esa mesa es si el objetivo es conservar el poder para defender intereses concretos o si por el contrario se quiere luchar por generar riqueza, reconocimiento y un crecimiento sostenible para todos los que conforman la región.
